La fiscalía acusa a Neymar

Fotografía de El País

El 23 de noviembre de 2016, presentó su escrito de acusación.

El caso se inició en diciembre de 2013 cuando Jordi Cases, socio del FC Barcelona,  se querelló contra el en aquel momento Presidente del Club Sandro Rosell, por considerar que no estaba claro el importe del fichaje de Neymar (40 millones de €).

Rosell, tras facilitar su versión de los hechos, dimitió, asumiendo Josep María Bartomeu la Presidencia del FC Barcelona.

El contrato suscrito entre el jugador y el Santos Futebol Clube, que finó el 13 de julio de 20104,  incluía, entre otras, una cláusula de rescisión de 65 millones de €, y permitía la negociación con otros clubes, respetando los términos del contrato.

En el año 2011, el FC Barcelona acordó con el padre de Neymar que al finalizar el contrato vigente, pagaría a su hijo 40 millones de €, abonándole un anticipo de 10 millones de €, en concepto de “préstamo”.

Como protección al compromiso recíproco y a efectos disuasorios, el FC Barcelona en el contrato de préstamo suscrito entre las partes, introdujo una cláusula penal para el posible incumplimiento, por la que en el caso de producirse, el jugador se obligaba al abono de 40 millones de €, y a la devolución de los 10 millones de € prestados.

El fiscal, en su escrito de acusación pide para Neymar y su padre, una pena de 2 años de prisión; para su madre 1 año de prisión, y para Sandro Rosell, 2 años de prisión. También solicita para cada uno de ellos, como responsabilidad civil derivada del delito de corrupción en los negocios, el pago de una indemnización de 10 millones de €.

La LO 1/2015 de 30 de marzo, que modificó el código penal de 1995 en su art. 286 bis.1, establece las penas de prisión de 6 meses a 4 años para este tipo de delito:

El directivo, administrador, empleado o colaborador de una empresa mercantil o de una sociedad que, (…), reciba, solicite o acepte un beneficio o ventaja no justificados de cualquier naturaleza, para sí o para un tercero, como contraprestación para favorecer indebidamente a otro (…) contratación de servicios o en las relaciones comerciales”.

Por la misma modificación, el contenido del art. 31 bis CP, actualmente la fiscalía acusa a las personas jurídicas N & N, propiedad de la familia de Neymar, y al FC Barcelona, y les imputa un delito de corrupción en los negocios, solicitando se les imponga una multa de 1.4 millones de € a cada entidad.

El escrito de acusación de la fiscalía indica que se dan los elementos de engaño y ánimo de lucro, que integran el delito de estafa, a tenor de lo dispuesto en lo arts. 251.3º (contrato simulado) y la pena contenida en el 251 bis CP, al operar en perjuicio del propietario titular del 40% de los derechos del futbolista, el fondo de inversión DIS.

En el año 2013  el FC Barcelona y el Santos Futebol Clube, suscribieron 4 contratos, pero sólo uno de ellos tuvo la consideración de contrato de traspaso por los derechos económicos federativos, por importe de 17.1 millones de €, en lugar de su valor real (25.1 millones €), simulando los otros 3, otros conceptos, lo que ha hecho que DIS perciba un importe bastante menor del que le corresponde por sus derechos.

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Fotografía de Agencia EFE

Sandro Rosell y Odilio Rodrigues, ex vicepresidente del Santos, están siendo acusados por la comisión de esta simulación delictiva, por la que la fiscalía le pide una pena de 3 años de prisión. Para los clubes FC Barcelona y Santos Futebol Clube como personas jurídicas, la fiscalía solicita se les imponga una multa de 7 millones de €, y se les condene al pago de 3,2 millones de € al fondo DIS como indemnización conjunta, por  responsabilidad civil.

Respecto a la imputación de Josep María Bartomeu, la Fiscalía no ha podido acreditar actuación constitutiva de delito alguno, ni participación activa en las negociaciones, a pesar del cargo oficial que ostentaba en el FC Barcelona.